Dirigir una empresa obliga a tomar decisiones todos los días. Contratar personal, solicitar financiación, aprobar inversiones, firmar acuerdos comerciales o reorganizar el negocio son actuaciones habituales, pero también pueden dar lugar a reclamaciones contra quienes las adoptan.
El seguro D&O, llamado así por las siglas de Directors and Officers, ofrece protección frente a determinadas reclamaciones relacionadas con la gestión de administradores, consejeros y directivos. Aunque suele asociarse con grandes compañías, también puede ser una cobertura muy relevante para una pyme o una empresa familiar.
Cuando la responsabilidad llega al patrimonio personal
Una sociedad dispone de personalidad jurídica propia, pero esto no significa que sus administradores estén protegidos ante cualquier consecuencia derivada de sus decisiones.
La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores pueden responder frente a la empresa, los socios y los acreedores sociales por los daños causados mediante actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, cuando exista dolo o culpa.
La responsabilidad también puede alcanzar al administrador de hecho: aquella persona que, sin ocupar formalmente el cargo, ejerce en la práctica funciones propias de la administración. En determinadas circunstancias, las obligaciones pueden extenderse igualmente a quien tenga atribuidas las facultades de más alta dirección de la sociedad.
Ante una reclamación, el administrador puede verse obligado a asumir gastos de abogados, representación procesal, peritajes, fianzas o posibles indemnizaciones. Estos costes pueden ser importantes incluso cuando el procedimiento termina sin que se declare su responsabilidad.
Qué puede cubrir un seguro D&O
La finalidad principal de esta póliza es proteger el patrimonio personal de los asegurados frente a ciertas reclamaciones derivadas del ejercicio de sus funciones.
Dependiendo de las condiciones contratadas, el seguro puede cubrir los gastos de defensa y asistencia jurídica, las indemnizaciones aseguradas, la constitución de determinadas fianzas y la intervención en investigaciones o procedimientos administrativos.
Las reclamaciones pueden proceder de socios, empleados, clientes, acreedores, competidores u otros terceros. Entre sus posibles causas se encuentran una supuesta falta de diligencia, errores de supervisión, incumplimientos de deberes o decisiones empresariales que hayan ocasionado un perjuicio.
No obstante, no todas las actuaciones quedan amparadas. Los actos dolosos, el enriquecimiento personal indebido y otras conductas expresamente excluidas suelen quedar fuera de cobertura. Para conocer la protección real es imprescindible revisar las condiciones de cada póliza.
Por qué también puede necesitarlo una pyme
Las empresas pequeñas no están libres de reclamaciones contra sus responsables. De hecho, en una pyme es habitual que la propiedad, la administración y la dirección se concentren en las mismas personas. Una reclamación puede afectar directamente al patrimonio familiar acumulado durante años.
La necesidad de revisar esta protección puede aumentar cuando la empresa incorpora inversores, obtiene nueva financiación, contrata más empleados, entra en otros mercados o modifica su órgano de administración. También conviene analizarla en procesos de fusión, adquisición o cambio de control.
El tamaño de la empresa no determina por sí solo el riesgo. Lo importante es conocer qué decisiones se toman, quién las adopta y qué consecuencias económicas podría tener una reclamación.
D&O y responsabilidad civil profesional no son lo mismo
La responsabilidad civil profesional responde principalmente ante daños derivados de errores o negligencias durante la prestación de un servicio. El seguro D&O se centra en las reclamaciones relacionadas con la dirección y administración de la sociedad.
Una empresa puede necesitar ambas coberturas. Por ejemplo, una consultora podría afrontar una reclamación por un error en un proyecto y, de forma independiente, otra contra sus administradores por una decisión de gestión. Se trata de riesgos diferentes que deben analizarse de manera coordinada.
Qué conviene revisar antes de contratar
El capital asegurado es importante, pero no es el único elemento que debe valorarse. También hay que comprobar quiénes tienen la consideración de asegurados, qué sociedades y cargos están incluidos y cómo se gestionan las reclamaciones dirigidas al mismo tiempo contra la empresa y sus administradores.
Otros aspectos relevantes son la retroactividad, el plazo para comunicar reclamaciones, los gastos de defensa, las franquicias, los límites y sublímites, las exclusiones y el ámbito territorial. Una diferencia aparentemente pequeña entre dos contratos puede ser decisiva cuando surge un problema.
En Martín Brok estudiamos la estructura y actividad de cada empresa para identificar su exposición y buscar una solución adaptada. Proteger la continuidad del negocio también significa cuidar a quienes asumen la responsabilidad de dirigirlo.